Lima 22 Jun. (ANDINA) -
Las certificaciones ambientales aprobadas por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) en el sector minería contribuyen al desarrollo sostenible del país y al fortalecimiento de un entorno favorable para inversiones responsables. Entre 2024 y mayo de 2026, el impacto económico asociado a estos instrumentos superó los 36,400 millones de dólares.
Durante este periodo,
189 expedientes obtuvieron viabilidad ambiental, representando el 83% del monto económico total de las certificaciones aprobadas, que alcanzó los 43,800 millones de dólares.
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Estos resultados reflejan el aporte delSenaceal fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y a la generación de condiciones de confianza, predictibilidad y sostenibilidad para el desarrollo del país, mediante procesos de evaluación técnica rigurosos, participación ciudadana efectiva y mejora continua de la gestión pública.
“Lagestión del Senace está orientada a fortalecer la eficiencia, transparencia y predictibilidad de la certificación ambiental, promoviendo una participación ciudadana efectiva con enfoque de género e interculturalidad. De esta manera, contribuimos a generar condiciones para inversiones sostenibles que acompañen el crecimiento económico, el cierre de brechas y el bienestar de la población, con respeto por los entornos y las personas”, señaló la presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba, durante su presentación en el Congreso Nacional de Minería (CONAMIN XVI), realizado enLa Libertad.
Desde 2024, el Senace impulsa una nueva etapa de fortalecimiento institucional basada en la modernización de procesosy la innovación tecnológica, incorporando herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la eficiencia de la gestión ambiental mediante evaluaciones más oportunas, predecibles y transparentes, manteniendo el diálogo con la ciudadanía como eje central.
Actualmente,la entidad mantiene 39 expedientes en evaluación en el sector minería, vinculados a cerca de 8,000 millones de dólares en potenciales inversionesque continuarán siendo evaluadas bajo criterios técnicos, ambientales y de participación ciudadana, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible del país.
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