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Lima 1 Nov. (ANDINA) -
El Perú cuenta con un importante potencial minero, pero enfrenta desafíos que pueden afectar la evaluación y el financiamiento de los proyectos, entre ellos los conflictos sociales, la minería ilegal e informal, las demoras en los permisos y la falta de coordinación entre entidades públicas.
En agosto de 2026, el país registró 188 conflictos sociales, de los cuales 92 fueron socioambientales; el 66.3% de estos últimos estuvo relacionado con la actividad minera, según la Defensoría del Pueblo. Estos riesgos cobran especial relevancia ante una cartera de 66 proyectos mineros en 19 departamentos, con una inversión estimada de 64,075 millones de dólares, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
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Los inversionistas y entidades financieras evalúan no solo el potencial geológico y la rentabilidad de un proyecto, sino su situación regulatoria, los derechos sobre los activos, los pasivos existentes y la gestión social y ambiental. Estos factores influyen en las condiciones y la estructura del financiamiento.
“Lo que hace realmente distintivo un financiamiento en el sector minero es entender los temas regulatorios y los riesgos del proyecto, porque eso determina la estructura de la operación y el contenido de los contratos. También es fundamental tener claramente identificados los activos, los flujos y los pasivos, así como la gestión social”, señala Nydia Guevara, socia de Banca y Finanzas, Mercado de Valores y Fintech de Hernández & Cía.
A estos riesgos se suman las fricciones administrativas. Aunque el marco legal peruano ofrece protecciones relevantes a la inversión, los procedimientos engorrosos, las demoras y la falta de articulación institucional pueden elevar la incertidumbre y dificultar el desarrollo de los proyectos.
“El marco legal peruano tiene décadas, está consolidado, y respaldado por una industria de mucha trayectoria, de modo que es en general atractivo para la inversión minera. Dicho eso, las principales fricciones aparecen en la operación: permisos que demoran, instituciones que no coordinan y procedimientos engorrosos o redundantes. La tarea es mejorar la eficiencia y reducir plazos sin debilitar los estándares ambientales y sociales”, sostiene Sergio Cueva, socio de Minería de Hernández & Cía.
La conflictividad, los bloqueos y la minería ilegal e informal también afectan la percepción internacional del Perú. Abordar estos problemas requiere una respuesta articulada del Estado, así como una gestión temprana de los riesgos sociales y regulatorios por parte de las empresas.
“Perú cuenta con un marco regulatorio y una trayectoria minera que generan confianza. Los puntos débiles que veo desde fuera son la minería ilegal e informal y los conflictos sociales, incluidos los bloqueos prolongados; son problemas que el país debe resolver para mantener su atractivo”, afirma Shawn Doyle, principal de la práctica de América Latina de McCarthy Tétrault.
Mejorar la coordinación entre entidades, agilizar los procedimientos sin reducir los estándares ambientales y fortalecer la gestión social son medidas fundamentales para dar mayor predictibilidad a los proyectos. En un mercado internacional competitivo, estas condiciones pueden marcar la diferencia entre una oportunidad minera y una inversión concretada.
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