Archivo - El gobernador de Sinaloa, Ruben Muñoz Rocha, junto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo
El gobernador niega las acusaciones que "carecen de veracidad y fundamento alguno" y considera como un "ataque" al Ejecutivo de Sheinbaum
El Ministerio de Exteriores confirma que EEUU solicitó este martes la extradición de varias personas, si bien apunta a que no hay elementos que prueben la responsabilidad de los acusados
MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado este miércoles formalmente al actual gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios estatales de narcotráfico en colaboración con el Cártel de Sinaloa, y otros delitos relacionados con las armas.
El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el responsable de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, han revelado esta acusación contra Muñoz Rocha y otros altos cargos, tanto en activo como retirados, que "presuntamente" emplearon sus puestos "para proteger las operaciones del cártel, facilitando así" la entrada de drogas a Estados Unidos.
Además del gobernador de Sinaloa, han sido acusados el fiscal adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa, Dámaso Castro, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Los restantes implicados son todos antiguos altos cargos de Sinaloa: el exsecretario general Enrique Inzunza; el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; los exjefes de la Policía de la Fiscalía Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras, alias 'Cholo'; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida; el exsubdirector de la Policía José Antonio Dionisio Hipólito, alias 'Tornado'; y el excomandante de la Policía de Culiacán Juan Valenzuela, alias 'Juanito'.
Según la acusación, los diez participaron en una "conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos".
Entre las funciones desempeñadas por los acusados figuran la protección a los líderes del Cártel de Sinaloa de la "investigación, arresto y enjuiciamiento"; la transmisión de información "confidencial" de las fuerzas de seguridad y del Ejérticto mexicanos a la banda criminal "para facilitar (sus) actividades delictivas.
Asimismo, de acuerdo al escrito del Departamento de Justicia, "ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales (...) que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias". A cambio de todo ello "recibieron (...) millones de dólares" procedentes del tráfico de drogas.
Los diez acusados se enfrentan a una penas que van desde los 40 años de cárcel a la cadena perpetua, a excepción de 'alias Juanito', que, de ser declarado culpable, sería condenado a cadena perpetua.
El gobernador de Sinaloa ha rechazado estas acusaciones en sus redes sociales, donde ha asegurado que "carecen de veracidad y fundamento alguno". "Así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno", ha agregado Rocha Moya, que ha considerado la imputación como un "ataque" a su persona y al movimiento de la Cuarta Transformación, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum.
El dirigente ha considerado que la acusación forma parte de "una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable".
Por su parte, el Ministerio de Exteriores mexicano ha confirmado que en la víspera recibió por parte de Washington varias solicitudes de extradición, que ha enviado a la Fiscalía para su evaluación, si bien ha considerado que estas no tiene elementos probatorios para poder dilucidar la responsabilidad de las personas en los delitos que se les atribuyen.
"Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición", ha apuntado la cartera diplomática mexicana.