MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Costa Rica ha rechazado este lunes levantar la inmunidad al presidente del país, Rodrigo Chaves, para que afronte la acusación en su contra por supuesta corrupción en la contratación de consultorías con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Con 34 votos a favor y 21 en contra, la Asamblea Legislativa no ha alcanzado los 38 votos necesarios para aprobar la retirada de la inmunidad a Chaves, ante la oposición de la mayoría de Unidad Social Cristiana y de la totalidad de los parlamentarios de Nueva República, así como la ausencia de dos diputados en el pleno, según ha recogido el diario costarricense 'La Nación', que ha informado de la negativa del mandatario a presentar sus argumentos en este órgano unicameral.
Como resultado de una votación inédita en el país, el caso no se juzgará en el Tribunal Supremo, sino que pasará a la vía ordinaria cuando finalice el mandato de Chaves, según ha explicado la propia Asamblea en un vídeo difundido a través de la red social X.
Precisamente ha sido en este último punto en el que ha insistido el fiscal general, Carlo Díaz, señalando que la decisión de la cámara "no significa que la investigación concluya ni que la acción penal se extinga", sino que "la causa se mantendrá a la espera de que el presidente no cuente con inmunidad y se pueda reanudar la investigación mediante el trámite ordinario".
"La Fiscalía reafirma su compromiso de actuar con objetividad, independencia y respeto al marco legal en esta lucha contra la delincuencia y la corrupción", ha señalado en un escrito recogido por el portal de noticias CR Hoy.
El Tribunal de Corte Plena había solicitado la retirada de la inmunidad a Chaves para que hiciese frente a una acusación en torno a un contrato por valor de más de 400.000 dólares (más de 339.500 euros) financiado por el BCIE, extendiendo la petición al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, acusado de estos mismos hechos como jefe, entonces, de la oficina del presidente.
Según la acusación, el mandatario habría pedido a un empresario el pago de 32.000 dólares (cerca de 27.160 euros) a cambio de un contrato con la Presidencia, mientras que la Fiscalía sostiene que el contrato fue hecho a medida para que la citada empresa ganara el contrato con el BCIE.
Así, Chaves es sospechoso de un delito de concusión en la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios para la Presidencia durante el periodo entre 2022 y 2026 debido a las presuntas irregularidades durante el proceso de concesión de dicho contrato.