Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión en Argel en diciembre de 2024 (archivo) - Algerian Presidency Office Apai / DPA - Archivo
MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este martes a Argelia que "abandone inmediatamente" los planes para expandir el alcance de la pena de muerte o reiniciar las ejecuciones tras más de tres décadas del último ajusticiamiento en el país africano, ante el análisis de enmiendas al Código Penal para incluir nuevos delitos como punibles con la pena capital.
La ONG ha solicitado a las autoridades argelinas que anuncien inmediatamente una moratoria oficial como primer paso de cara a la abolición de la pena de muerte, antes de pedir a Argel una respuesta centrada en los Derechos Humanos a los recientes incendios forestales, después de que el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, pidiera el 30 de agosto al Ministerio de Justicia que enmiende el Código Penal para "reintroducir" la pena de muerte por provocar o instigar incendios.
El mandatario reclamó además que el Gobierno examinaría igualmente la imposición de la pena de muerte a los "secuestradores de niños y responsables de abusos contra niños", un asunto que está siendo igualmente sopesado por el Ejecutivo, sin que por ahora haya una decisión en firme.
"La devastación y la pérdida de vidas humanas causadas por estos incendios constituyen una profunda tragedia y deberían impulsar a las autoridades argelinas a adoptar medidas inmediatas centradas tanto en la prevención como en la rendición de cuentas", ha reseñado Nadege Lahmar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Argelia.
Sin embargo, ha hecho hincapié en que "dar marcha atrás después de más de 30 años sin ejecuciones es una medida profundamente retrógrada que contraviene el respeto al derecho a la vida", antes de destacar que este paso "contravendría las obligaciones internacionales de Argelia en materia de Derechos Humanos, así como su apoyo constante a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que piden una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte".
Amnistía Internacional ha indicado que, si bien las autoridades argelinas no han publicado hasta ahora datos exhaustivos sobre muertos y heridos, con el balance oficial en doce fallecidos, hay fuentes creíbles que apuntan a más de 70 víctimas mortales en uno solo de los municipios afectados por las llamas.
Las autoridades anunciaron entre el 26 de julio y el 10 de septiembre la detención de 20 personas sospechosas de provocar incendios y "subversión", un delito que está penado con la pena capital. Entre los arrestados figura supuestamente una persona que apoya al Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), un grupo opositor considerado como terrorista por Argel.
En este sentido, la ONG ha destacado que las autoridades argelinas habrían recurrido previamente a los incendios para justificar medidas represivas, incluidas las acusaciones contra el MAK y otros opositores por los incendios en agosto de 2021, que dejaron al menos 90 muertos y que derivaron en imputaciones por terrorismo contra numerosas personas.
Además, un tribunal de Argelia condenó en noviembre de 2022 a muerte a 56 personas en un juicio masivo que, según Amnistía Internacional, estuvo marcado por las irregularidades y las denuncias de torturas por parte de los acusados. El Tribunal Supremo ordenó posteriormente una repetición del proceso, que arrancó el 1 de marzo de 2026.
"La rendición de cuentas por la devastadora pérdida de vidas humanas causada por los incendios forestales no puede reducirse a perseguir a los presuntos autores de incendios provocados", ha argumentado Lahmar, quien ha recalcado que las autoridades "deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre todos los factores que causaron o contribuyeron a los incendios y a la pérdida de vidas, incluidas las posibles negligencias de funcionarios públicos y las deficiencias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias".
"Los resultados deben hacerse públicos y, cuando existan pruebas suficientes de responsabilidad penal, los responsables deben ser procesados en juicios justos que excluyan el recurso a la pena de muerte", ha dicho, antes de insistir en que "los supervivientes y las familias tienen derecho a recibir información oportuna, accesible y precisa sobre las personas desaparecidas o fallecidas".