Las defensas continúan con su exposición de informes en el juicio por el 'caso ataúdes' en la Audiencia de Valladolid. - EUROPA PRESS
VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las defensas de los trabajadores de El Salvador-Funeraria Castellana en el 'caso ataúdes' han reclamado este miércoles un acto de "valentía" al tribunal para que dicte un fallo absolutorio para las veintitrés personas acusadas ante un caso "inflado mediáticamente desde el primer día" que, en su opinión, nunca debió pasar de la fase de instrucción "porque no había nada" y que tiene su origen en la "prueba viciada" elaborada por el trabajador ya fallecido Justo G.M.
Después de que el lunes el fiscal y las acusaciones particulares expusieran sus informes y el martes las defensas iniciaran los suyos, trámite ya completado ese día por los letrados de la viuda del dueño de la empresa, María del Rosario V.L, y sus tres hijos, Ignacio, Laura y 'Rosi', así como los de ocho de los trabajadores encausados, durante la jornada de este miércoles la Audiencia de Valladolid ha escuchado las conclusiones de los letrados de otros once empleados de la empresa y de las mercantiles acusadas, en calidad de responsables civiles.
Así, el defensor de Hipólito, Guillermo y Mario C, acusados del "robo" de más de 900, 29 y 1 féretros, respectivamente, ha pedido la exoneración de los cargos que se les imputan y ha lamentado que éstos "ya han sido condenados por la opinión pública ante lo escuchado durante estos siete años a través de los medios de comunicación".
Su representante legal, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha clamado por su inocencia, ha mantenido que las fechas en las que se les atribuyen los hechos no coincidieron en el turno con Justo M.G, ha invocado la prescripción de sus delitos y ha destacado de ellos que sus vidas se han visto gravemente afectadas durante los últimos años "porque siguen viviendo en Valladolid prestando un servicio público de una forma absolutamente pulcra y a cambio únicamente de un jornal, su sueldo".
En el caso de Hipólito, ya jubilado, ha lamentado que se produjo su "detención sorpresiva" en 2019, circunstancia que, sumada al desgaste de su honor sufrido, le ha dejado como secuela una depresión severa y persistente, mientras que de Guillermo ha recordado que su cliente, al verse inmerso en esta causa, ha llegado en algún momento a preguntarle incluso si podía casarse y tener hijos.
Además de pedir un "acto de valentía" al tribunal y la aplicación del principio 'in dubio pro reo', el abogado ha recriminado la actuación de Justo M.G, quien, con su "deleznable manipulación de cadáveres y realización de fotografías, es el único responsable del daño moral sufrido por los familiares de los difuntos al verse obligados éstos a rememorar ante este tribunal el día más doloroso de sus vidas, el día en el que tuvieron que despedirse de sus seres queridos".
Por su parte, el defensor de Luis Miguel A.B, Emilio G.E. t y Ángel P.V, todos ellos con más de veinte años en la empresa, a los que se imputan el "robo" de 8, 15 y 50 féretros, respectivamente, ha cargado también contra Justo M.G, al igual que han hecho otros compañeros en anteriores sesiones, tras recordar que dicha persona y su material constituyen la "única prueba" de cargo y la misma carece de "objetividad y verosimilitud" porque proviene de alguien "movido por motivos espurios que mantenía una relación enfermiza y de odio con el dueño de la empresa".
Y es que el abogado de estos tres encausados, que se enfrentan a una pena de seis años por delitos de apropiación indebida, pertenencia a grupo criminal y un delito contra el respeto de los difuntos, ha sacado a relucir también esa extorsión que Justo M.G. trató de realizar al empresario fundador de El Salvador-Funeraria Castellana y que se tradujo en sentencia condenatoria para el extorsionador.
EL FISCAL Y SU "CONDENA COLECTIVA"
El hecho de que esta persona se quitara la vida no ha permitido contradecir su testimonio en el plenario, algo que el representante legal de estos tres encausados entiende que supone una indefensión para éstos y vulnera su derecho de defensa en un proceso al que el fiscal "ha tratado de darle un barniz con el fin de dar el pego y llegar a una condena colectiva", en referencia a que estos tres acusados son incluidos en la lista pese a que el acusador público tan sólo llegara a mencionarles durante diez segundos poco antes de concluir su informe final.
"¿Esta prueba es suficiente para condenar a nuestros patrocinados, que ni siquiera han sido mencionados por la Policía Nacional en sus investigaciones ni tampoco la Agencia Tributaria, cuyos informes han sido irrelevantes en el caso de los tres? Radicalmente no", se ha respondido a sí mismo el defensor, quien ha incidido igualmente en que incluso las anotaciones incriminatorias de Justo respecto de sus clientes son erróneas porque ninguno de ellos coincidió con él en su mismo turno de trabajo.
"Es que no ha dado ni una, se está acusando sobre la base de unas anotaciones que son falsas. Sus anotaciones no tienen el más mínimo atisbo de verosimilitud", ha insistido, para acto seguido recordar que estas tres personas ni siquiera trabajaban en el cementerio y no tenían acceso al horno crematorio ya que sus tareas las prestaban a cinco kilómetros de distancia.
En su exposición, también ha tratado de desmontar los delitos de pertenencia a grupo criminal y apropiación indebida de sus representados porque los tipos delictivos requieren un concierto de voluntades y compartir una finalidad delictiva. "Hay que retorcer mucho el Código Penal para decir que son miembros de un grupo criminal, cuando ninguno de ellos ha obtenido beneficio alguno de esta supuesta apropiación de féretros, ni una compensación, ni una satisfacción económica. ¿Dónde está el ánimo de lucro?", pregunta el defensor, quien también excluye el delito de falta de respeto a los difuntos que, en todo caso, lo habría cometido el propio denunciante, Justo M.G.
NI CORLEONE NI LOS PEAKY BLINDERS
En el mismo sentido se han pronunciado la defensa de David M.G. y Álvaro R.S. y de José Manuel P.F, que, de forma irónica, ha precisado que su cliente y el resto "ni son miembros de la familia Corleone ni de los Peaky Blinders", así como los letrados de Carlos S.D. y Victorio S.S, proveedor este último de féretros acusado de concertarse con la familia Morchón para simular la venta de féretros, mientras que las abogadas de El Salvador y Funeraria Castellana, mercantiles que figuran como responsables civiles, se han encargado de cerrar la exposición de informes.
El futuro de los ocupantes de banquillo, tras un juicio que se ha prolongado durante cuatro meses, queda en manos de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, que tendrá de analizar la prueba y pronunciarse ante la solicitud absolutoria realizada por todas las defensas--en caso de condena piden aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas--o las peticiones de condena realizadas por las acusaciones pública y las dos particulares, que en su conjunto superan los 190 años de cárcel.
Las peticiones de condena más elevadas se dirigen contra el gerente del grupo funerario, Ignacio M.V, y su hermana Laura, hijos del fundador de la mercantil, ya fallecido, en concreto veinte años de cárcel para cada uno, así como contra la viuda del empresario, María del Rosario V.L, y su hija 'Rosi', para las que el acusador público pide ahora 12 años, además de inhabilitaciones para la prestación de servicios funerarios durante tres décadas y multas que podrían alcanzar los 12 millones de euros.
Respecto del resto de trabajadores, una veintena, las penas oscilaban entre los nueve y los dos años de cárcel. Así, se interesan nueve años de prisión para cuatro de los encausados, seis y medio para otros nueve, cuatro años para otro de los acusados, cinco años de privación de libertad para otros cuatro empleados más y dos años para otro de los supuestos implicados.