PERÚ, 20 Jul (EUROPA PRESS)
En un reciente anuncio hecho por el Ministerio de Educación del Perú, se reveló la apartación de sobre un millar de trabajadores entre docentes y administrativos de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, quienes se encuentran procesados o ya fueron condenados por delitos considerados graves, incluyendo violación, terrorismo y homicidio. Este proceso se llevó a cabo desde el 1 de abril de 2024 hasta el 15 de julio de 2025, afectando a un total de 944 docentes y 153 administrativos en 961 colegios públicos y 136 privados.
Del total, 169 personas, quienes ya cuentan con sentencias condenatorias, fueron apartadas de manera definitiva de sus cargos, mientras que los 928 restantes están actualmente bajo proceso judicial, por lo que su separación es de carácter preventivo y provisional. Los delitos por los cuales se les procesa o condena incluyen 931 casos por violación a la libertad sexual, 82 por terrorismo o apología del mismo, 22 por tráfico ilícito de drogas y 20 por homicidio doloso.
Adicionalmente, el Ministerio resaltó casos particulares de gravedad, como doce docentes potencialmente condenables por proposiciones sexuales a menores a través de medios tecnológicos, dos profesores procesados por feminicidio y un trabajador administrativo apartado definitivamente tras ser hallado culpable de parricidio.
Como medida preventiva adicional, el procedimiento de concesión de plazas para 2.472 docentes bajo investigación por delitos o faltas graves fue paralizado, con el objetivo de evitar su incorporación en el sistema educativo.
El ministro de Educación, Morgan Quero, reafirmó el compromiso de su cartera por garantizar la seguridad en los entornos educativos: "El Ministerio de Educación tiene como objetivo hacer de las escuelas lugares seguros. Trabajamos de manera permanente para identificar y expulsar de los colegios a todas las personas que representen un riesgo para los estudiantes".