Lima 9 Nov. (ANDINA) -
El Ejecutivo oficializó dos decretos legislativos orientados a sancionar penalmente a quienes faciliten cuentas bancarias y billeteras digitales para extorsiones, así como para respaldar a los ciudadanos que actúan en legítima defensa frente a la delincuencia. Ambas disposiciones fueron publicadas en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
“La lucha contra la inseguridad es integral. Por un lado vamos tras eldinero ilícito de la extorsiónque alimenta la violencia en nuestras calles y por el otro estaremosdel lado de las víctimas que se defienden ante una agresión delictiva: quien actúa por supervivencia frente a un ataque no puede ser tratado como victimario”, remarcó elpresidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
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Mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2572858-2" target="_blank">Decreto Legislativo N.° 1744se modifica el Código Penal paracastigar a quienes presten o faciliten sus productos financieros para canalizar dinero proveniente de extorsiones. Asimismo, se incrementan las penas contra delitos violentos como el sicariato, robos agravados y secuestros.
La norma también sanciona a quienes borren o alteren los números de serie de las armas, a fin de evitar su ingreso al mercado ilegal, y castiga a quienes reporten falsos robos o pérdidas de estas ante la autoridad. Además, mediante ajustes a la Ley N.° 30096 (Ley de Delitos Informáticos), penaliza el acceso ilícito a plataformas informáticas y fija prisión efectiva para los extranjeros expulsados que reingresen irregularmente al país.
Por su parte, a través delDecreto Legislativo N.° 1743, se modifica el Código Penalpara presumir que quien ejerce la legítima defensa actúa de modo racional frente al ataque, trasladando al Ministerio Público la obligación de demostrar lo contrario. La norma excluye el criterio de proporcionalidad de medios, ordena a los fiscales emitir archivo definitivo al corroborar la defensa propia y exige a los jueces sustentar con motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, cualquier resolución que intente descartarla.
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Con este marco legal integral, el Gobierno frena el financiamiento de las organizaciones criminales y elimina el desgaste judicial que afrontaban las víctimas por proteger su vida, la de terceros o sus bienes, garantizando reglas claras que brindan tranquilidad a la ciudadanía frente al delito.