PERÚ, 27 Aug (EUROPA PRESS)
Betssy Chávez, quien fuera jefa de Gobierno del expresidente Pedro Castillo antes de su arresto en diciembre de 2022, continúa en huelga de hambre seca por quinto día consecutivo, en protesta por su situación carcelaria y los supuestos maltratos recibidos por parte de las autoridades penitenciarias. Raúl Noblecilla, su abogado, ha acusado a estas autoridades de negarse a realizar los controles médicos necesarios.
Encarcelada desde junio de 2023, Chávez enfrenta cargos por rebelión y conspiración tras el intento fallido de autogolpe de Castillo, hecho que la Justicia peruana respondió con 18 meses de prisión preventiva, suma a los cuales se le añadieron otros quince meses en diciembre pasado. A pesar de las acusaciones, Chávez niega haber tenido conocimiento de los planes de Castillo, aunque hay quienes aseguran que contribuyó al discurso del expresidente durante el anuncio del breve estado de excepción que le costó su libertad.
Desde su ingreso a la cárcel, la ex primera ministra ha denunciado reiteradamente malos tratos. En este contexto, su abogado ha expresado en distintas ocasiones, incluso recientemente en la red social X, su preocupación por la seguridad e integridad de Chávez, llegando a afirmar que se le ha “sentenciado a muerte”.
Además, Noblecilla argumenta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está obstruyendo el traslado de Chávez a un centro penitenciario más seguro. Según él, esto se evidencia en la devolución del expediente de traslado para una nueva revisión por parte de la jefa de seguridad de la cárcel de Chorrillos, a quien el abogado acusa de emitir informes falsos y de estar vinculada a una organización criminal.
El INPE, por su parte, sostiene que se han ofrecido servicios médicos a Chávez, pero ella ha rechazado recibir atención. La situación de la ex primera ministra sigue siendo crítica mientras continúa su protesta por las condiciones de su detención y lo que considera una persecución política.