PERÚ, 18 Aug (EUROPA PRESS)
La nueva ley de amnistía proclamada recientemente por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sido objeto de críticas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al aseverar que esta favorece a individuos acusados de cometer actos de tortura, violencia sexual y asesinatos. La presidenta de la CIDH, Andrea Pochak, en declaraciones al diario 'La República', expresó su desacuerdo con esta legislación, alegando que contradice directamente lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pochak instó a los jueces peruanos a desobedecer la aplicación de tal norma por considerarla "inconstitucional".
Pochak recordó en la entrevista que, desde hace más de dos décadas, la CIDH se manifiesta en contra de la amnistía para aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Este posicionamiento se basa en sentencias previas como las de Barrios Altos y La Cantuta emitidas por la Corte Interamericana desde 2001, eventos en los cuales Perú ya había sido llamado a atender estas preocupaciones, acumulando más de veinte actos de desacato a la autoridad de la CIDH. Así, la reciente promulgación y el rechazo por parte de Boluarte a la injerencia externa, sólo añade más tensión a un historial ya cargado de desobediencias.
La ley, calificada por Boluarte como "histórica", fue aprobada por el Congreso en julio, a pesar de que la CIDH había solicitado a Perú abstenerse de implementarla hasta que se evaluara su compatibilidad con mandatos previos sobre la investigación de abusos durante el conflicto armado interno del país, donde, según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, alrededor de 70.000 personas murieron y más de 20.000 fueron reportadas como desaparecidas entre 1980 y 2000. A la fecha, los tribunales peruanos han resuelto definitivamente cerca de 150 casos, quedando más de 600 aún pendientes.
Este escenario deja a Perú en una posición delicada respecto a su compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y las directrices regionales en la materia, poniendo a prueba su relación con organismos internacionales y la percepción de su sistema judicial en el ámbito global.