Lima 15 Jul. (ANDINA) -
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el archivamiento de diversas denuncias contra altos funcionarios del Estado, tras someter a votación los informes finales elaborados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaban su desistimiento, al considerar que no se acreditaron los presupuestos de ley para ello.
En primer término, se aprobó el informe final recaído en las Denuncias Constitucionales 482 y 506 (acumuladas), presentadas por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena contra la congresista Magaly Ruiz.
El informe final recomendó el archivamiento de ambas denuncias al no haberse acreditado responsabilidad respecto de los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
De igual modo, fue aprobado el informe final que recomienda el archivamiento de la Denuncia Constitucional 520, interpuesta también por Villena Campana contra Alberto Otárola, en su actuación como presidente del Consejo de ministros, por la presunta comisión, en calidad de instigador, de los delitos de colusión simple y colusión agravada.
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El informe concluyó que no se acreditó una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal, por lo que se recomendó el archivamiento.
La Comisión Permanente también archivó el informe final correspondiente a las Denuncias Constitucionales 393, 394, 408 y 489 (acumuladas), formuladas por los congresistas Jorge Montoya Manrique, José Cueto Aservi, Roberto Chiabra León y María del Carmen Alva Prieto, así como por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, contra el congresista Jorge Flores Ancachi.
Se concluyó en el informe que no se acreditaron pruebas materiales que demostraran la comisión de los presuntos delitos de concusión, cohecho pasivo propio e impropio, omisión de denuncia, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, ni la infracción de los deberes constitucionales atribuidos al parlamentario.
Además, se aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional 206, interpuesta por la Asociación Civil por la Integridad y hecha suya por el congresista Héctor Ventura, contra el expresidente Pedro Castillo, los expresidentes del Consejo de ministros Guido Bellido y Mirtha Vásquez, así como el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, por presunta infracción a la Constitución Política del Perú.
El informe que recomendó su archivamiento determinó que las medidas contenidas en los Decretos de Urgencia 086-2021, 100-2021 y 105-2021 se enmarcaron en las facultades constitucionales excepcionales conferidas al Poder Ejecutivo para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la emergencia sanitaria, sin evidenciar vulneración de los artículos 77, 80 y 118 de la Carta Magna.
Finalmente, la Comisión Permanente aprobó, con 26 votos a favor, el informe final correspondiente a la Denuncia Constitucional 554, formulada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza contra la congresista Lucinda Vásquez Vela, por la presunta comisión de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado.
El informe final recomendó el archivamiento de la denuncia debido al fallecimiento de la parlamentaria durante el desarrollo del procedimiento de investigación parlamentaria, circunstancia que determina la imposibilidad de continuar con el proceso, conforme a las normas aplicables.