Publicado 14/02/2026 14:36

Congreso: proponen eliminar la ATU y devolver control de transporte a municipios

Lima 14 Feb. (ANDINA) -

El congresista Jorge Flores Ancachi, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), presentó una iniciativa que plantea la extinción de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la devolución del control del transporte a los gobiernos locales.
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Como se recuerda, la ATU fue creada en 2019 para integrar la gestión del transporte de Lima y Callao bajo una sola autoridad, en respuesta a problemas estructurales del sistema, como la sobreoferta de rutas y la atomización empresarial.

En esa línea, el https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/..." target="_blank" class="ApplyClass">Proyecto de Ley N° 13972-2025-CRpropone la derogación de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1727064-7" target="_blank">Ley N° 30900con el fin de que laMunicipalidad Metropolitana de Limay laMunicipalidad Provincial del Callaorecuperen lacompetencia exclusivasobre la planificación, regulación, gestión, fiscalización y prestación del transporte urbano.

La iniciativa puede revisarse en el siguiente documento:

Argumentos

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto sostiene que el modelo centralizado actual no habría logrado resolver el desorden, la congestión ni la informalidad en más de cinco años de funcionamiento.

A su vez, cuestiona el carácter tecnocrático y burocrático de la entidad y señala que su creación habría afectado la autonomía municipal, además de una limitada articulación con los gobiernos locales.

Funciones que asumirían los municipios

- Aprobar planes integrales de transporte- Otorgar, renovar o revocar concesiones y autorizaciones- Administrar rutas, paraderos y terminales- Supervisar sistemas de recaudo y control de flota- Imponer sanciones administrativas

Proceso de transición

La iniciativa plantea la creación de una comisión técnica integrada por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las municipalidades involucradas y la Contraloría General de la República, la cual tendría un plazo máximo de 90 días hábiles para culminar el proceso de liquidación.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizaría la transferencia de recursos, mientras que el personal técnico podría ser reasignado respetando sus derechos laborales.

Asimismo, se incluyen disposiciones para garantizar la continuidad del servicio de transporte urbano durante el proceso de transferencia.

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