Lima 29 Abr. (ANDINA) -
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó hoy dos informes de calificación que declaran improcedentes denuncias constitucionales contra la la expresidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra.
La primera es la Denuncia Constitucional 517, formulada por el congresista Juan Burgos Oliveros (Podemos Perú), contra Boluarte Zegarra y contra el expresidente del Consejo de ministros Gustavo Adrianzén Olaya, por presunta infracción constitucional.
Se les acusó de haber limitado el derecho fundamental a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público.Obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.
La segunda es la Denuncia Constitucional 657, presentada por el congresista Edwin Martínez (Acción Popular), contra Boluarte Zegarra y los exministros de Estado Raúl Pérez Reyes y César Sandoval, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de colusión simple y agravada, negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo.
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En este casose les acusó de haber aprobado el Decreto Supremo 015-2025-MTC, mediante el cual se aprueba el texto de la adenda 5 del contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, que extiende la concesión por 30 años adicionales. Obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones
En su sesión de hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también archivó la Denuncia Constitucional 659, formulada por el ciudadano Percy Baldeón Ferrer, contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento real y prevaricato/fallo o dictamen ilegal.
También desestimó la Denuncia Constitucional 660, formulada por el expresidente de la república Pedro Castillo Terrones, contra los congresistas Patricia Juárez Gallegos, Eduardo Castillo Rivas, Manuel Revilla Villanueva, Alejandro Soto Reyes, Eduardo Salhuana Cavides, Jorge Montoya Manrique, Alejandro Muñante Barrios, Norma Yarrow Lumbreras, Adriana Tudela Gutiérrez y José Williams Zapata, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de omisión de actos funcionales, encubrimiento real, omisión de denuncia y obstrucción de la justicia.
Por último, el grupo de trabajo declaró improcedente la Denuncia Constitucional 668, formulada por el ciudadano Percy Baldeón Ferrer, contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento real y prevaricato.
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