Lima 6 May. (ANDINA) -
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó esta tarde cuatro informes de calificación que propusieron la improcedencia, y el respectivo archivamiento, de igual número de denuncias constitucionales.
El primero fue el correspondiente a la Denuncia Constitucional 572, formulada por Delia Espinoza, en su actuación como fiscal de la nación, contra la exfiscal Patricia Benavidespor la presunta comisión del delito de cohecho activo específico.
ABenavides Vargas se le acusó de haber incurrido en el diseño de un plan para interponer acciones de amparo y paralizar procesos disciplinarios en su contra,además de otros hechos.
El segundo es el que corresponde a la Denuncia Constitucional 665,contra la congresista Lucinda Vásquez Vela,por presunta infracción constitucional y la posible comisión del delito de peculado por uso.
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El informe propuso declarar improcedente la denuncia por haber operado la sustracción de la materia, al haber fallecido la congresista denunciada.
El tercero es el informe correspondiente a la Denuncia Constitucional 667, contra los jueces supremos
Aldo Figueroa Navarro, Iván Sequeiros Vargas, Norma Carbajal Chávez, Cesar San Martin Castro, Saúl Peña Farfán y Erasmo Coáguila Chávez; y contra el fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas.
Se les acusó por la
presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de prevaricato/fallo o dictamen ilegal, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y encubrimiento personal.
El cuarto es el que corresponde a la Denuncia Constitucional 681, formulada por la congresista María Agüero Gutiérrez(Perú Libre),contra los jueces supremos Manuel Luján Túpez, César San Martín Castro, Saúl Peña Farfán, Edhin Campos Barranzuela y Sara del Pilar Maita Dorregaray, por presunta infracción constitucional y la posible comisión del delito de prevaricato.
En la sesión también se rechazó el pedido del fiscal de la nación, Tomás Gálvez para levantar la reserva de la audiencia de la Denuncia Constitucional 444, formulada por el exfiscal de la nación Juan Carlos Villena contra el Juez Supremo Víctor Ticona, por la posible comisión del delito de tráfico de influencias.
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