Andina/Juan Carlos Guzmán
Lima 5 Nov. (ANDINA) -
La reasignación de reos de alta peligrosidad a establecimientos de máxima seguridad, dispuesta por el Gobierno, es una excelente medida, en opinión del exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha, quien también consideró fundamental erradicar las comunicaciones ilegales de los internos con el exterior, a fin de evitar que se sigan planificando delitos desde estos centros.
"Trasladar a penales de alta seguridad a los cabecillas de delincuentes, porque ocasionan problemas como hemos visto ahora en las muertes de presos en un centro penitenciario, eso de reasignarlos es excelente", manifestó en diálogo con Andina.
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Del mismo modo, señaló que es necesario detectar y sancionar a los responsables de permitir el ingreso a los penales de armamentos, drogas y equipos de comunicación, que se utilizan para cometer nuevos delitos.
Desde su punto de vista se requiere un mayor control en todos los centros penitenciarios del país y no solamente en aquellas prisiones que han sido declaradas en emergencia.
Por otro lado, el ex alto mando policial llamó la atención sobre el hecho de que el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control del acceso a las cárceles, solo puede realizarse en aquellas jurisdicciones en estado de emergencia.
"Cuando se habla del control perimetral, control para el ingreso a los penales que va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas, hay que tener cuidado porque eso solamente se puede realizar en estado de emergencia", aseveró.Cero comunicaciones
El exdirector general de la Policía Nacional sostuvo que también es fundamental para un mayor control de los penales de máxima seguridad, erradicar totalmente las comunicaciones entre los internos y el exterior.
"Por ejemplo, en Trujillo es algo interesante la implementación para el control del ingreso a los penales de máquinas similares a los utilizados en el aeropuerto a fin de detectar armas blancas, drogas y otros artefactos como cuchillos", anotó.
Dijo que estos tipos de equipos ya han sido ofrecidos por el embajador de Estados Unidos.
En otro momento, el general de la Policía en situación de retiro indicó que, en uso de las facultades legislativas delegadas por el Congreso, el Ejecutivo debe dictar dos normas claves vinculadas a seguridad ciudadana: la primera referida a una mayor celeridad en los procesos penales y, la segunda, vinculada a la ubicación de los teléfonos móviles utilizados para cometer delitos graves.
Señaló que la primera de estas normas debe hacer posible que los involucrados en un hecho delictivo puedan ser sentenciados en un plazo máximo de seis meses, ya que mientras no se impongan sanciones drásticas los delitos seguirán proliferando.
"Lo segundo es ubicar georeferencialmente los aparatos móviles con los que se están haciendo las extorsiones, amenazas y otros delitos. Estas dos cosas deben hacerse inmediatamente, sino esto va a ser indetenible", setenció.
(FIN) HTC/