Andina/Jhonel Rodríguez Robles
Lima 26 May. (ANDINA) -
La Contraloría publicó un informe de control que determina presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluyendo al exjefe de dicha entidad, Piero Corvetto, en irregularidades que afectaron el derecho a sufragio de 55.261 electores de Lima en las Elecciones Generales del 12 de abril.
El https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CR...;TIPOARCHIVO=ADJUNTO" target="_blank" class="ApplyClass">Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCErevela que funcionarios de la ONPE requirieron contratar el transporte de carga para el despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio, contérminos de referencia (TdR) que no precisaban el número de vehículos requeridos para el servicio de transporte.
A esto se suma que evaluadores de la ONPE para la fase de selección asignaron un puntaje menor a uno de los postores, ya que aplicaron un criterio no establecido en los TdR:disminuir dos metros el largo de vehículos ofertados, determinándose un mínimo de capacidad de 10 m3. “Ello permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a una oferta económica que fue superior en S/ 168 148.19”, precisó la Contraloría.
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Asimismo, señaló la entidad,“se evidenció que los evaluadores consignaron información inexacta respecto a la capacidad de carga de seis vehículos del postor ganador, por lo que se le adjudicó un puntaje que no le correspondía, no obstante que su oferta fue superior en S/ 469 404.09 con respecto al postor que debió resultar adjudicado de la buena pro”.
“Estas situaciones afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública durante el proceso electoral al favorecer indebidamente al postor ganador, quien además dio el servicio con 437 vehículos de terceros (92 % del utilizado) y solo con 40 vehículos propios (8 %), lo que se originó por el accionar irregular de los evaluadores designados para la fase de selección”, agregó.
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Contraloría también apuntó hacia “el accionar irregular del subgerente de Producción Electoral y del gerente de Gestión Electoral de la ONPE”, quienes elaboraron los TdR sin determinar ni consignar en los mismos la cuantificación real de vehículos (400) para realizar el servicio de transporte a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.
Otro hecho irregular fue que funcionarios de la ONPE solicitaron el traslado de equipos informáticos electorales de la jornada de capacitación (realizada el 5 de abril) para las Elecciones Generales como contingencia.
“Sin embargo, ello se realizó sin efectuar las gestiones necesarias para cubrir la demanda de equipos y sin realizar ninguna observación, viabilizando el repliegue y entrega inoportuna de dichos equipos, a pesar de tener conocimiento de la afectación al cronograma del Plan Operativo Electoral (POE)”, explicó Contraloría.
La tarde del 11 de abril, estos mismos funcionariosefectuaron la reprogramación de 43 rutas que comprendieron a 553 locales de votación (8.261 mesas), consignándose por cada ruta un tiempo de entrega de hasta cuatro horas,cuando se requería al menos ocho, a sabiendas que dicha reprogramación no aseguraba la entrega oportuna del material y equipos informáticos.
“Tales hechos generaron que se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3.605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación en Lima Metropolitana y se afectó el derecho de sufragio de 55 261 electores y la finalidad pública de las contrataciones de laptops, impresoras y del servicio de transporte para su despliegue”, afirmó.
La Contraloría también determinó que funcionarios de ONPE tramitaron y aprobaron, entre el 7 y 9 de abril, prestaciones adicionales por S/ 650 205.94, derivado del contrato de servicio de transporte por S/ 6 368 332.75, “sin el sustento técnico y legal que justifique que resultaban indispensables y necesarios para alcanzar la finalidad pública del contrato".
Como parte de las prestaciones adicionales se solicitó el incremento de rutas, vehículos de contingencia y la variación del precio unitario de S/ 0.60 por kilo para el repliegue de 5.441 equipos informáticos desde las ODPE de Lima y Callao al local de Lurín, hasta S/ 6.00 por kilo desde los locales de votación a Lurín, generando un alza de 900% respecto al contrato principal.
Recomendaciones
La Contraloría recomendó al titular de la ONPE realizar las acciones que permita efectuar el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos irregulares. También se recomendó a la Procuraduría iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados para determinar sus responsabilidades.
Finalmente, el informe recomienda comunicar los hallazgos del informe al titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que disponga el inicio de las acciones que correspondan.
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