Lima 10 Dic. (ANDINA) -
Al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo reafirmó su misión constitucional de defender los derechos fundamentales de todas las personas, con énfasis en quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
La institución recordó que su labor se desarrolla a través de la supervisión del accionar estatal y la verificación de la adecuada prestación de los servicios públicos.
La entidad informó que continúa ampliando su presencia en el territorio nacional mediante nuevas oficinas defensoriales y módulos de atención. En el último mes, se inauguraron sedes en Chimbote y Tarapoto, además de unmódulo defensorial en Camaná,desde donde se atienden casos de vulneración de derechos y se supervisa la actuación de entidades públicas.
Entre los avances reportados figura la consolidación delPrograma Nacional Rompiendo Cadenas, orientado a laprotección de niños, niñas y adolescentesen situación de alta vulnerabilidad, incluidos hijos de personas privadas de libertad, víctimas de feminicidio y de fallecidos durante la pandemia.
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La institución también destacó la realizaciónde 14 sesiones descentralizadas con comunidades nativas amazónicas y 8 con comunidades campesinas, que culminaron con laSegunda Cumbre Nacional de Pueblos Originariosen Iquitos, espacio de diálogo destinado a fortalecer la articulación entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios.
Durante el último año, la Defensoría impulsó acciones a favor de diversos grupos en situación de vulnerabilidad, como elpueblo afroperuano,personasen situación de movilidad humana,mujeres, niñas, niños y adolescentes,población LGTBI, personas con discapacidad, adultos mayores y personas defensoras de derechos humanos.
Como parte de su labor constitucional, presentó unademanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, que pretende incorporar a adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal de adultos.Asimismo, realizó seguimiento alPlandepa y a las políticas antirracistasdirigidas a la población afroperuana.
En materia de protección a personas defensoras,supervisó a 2112 autoridadespolíticas en todo el país, identificando que el24,6 % de plazas se encontraba vacante. También publicó los primeros reportes sobre la situación de estas personas, que evidenciaron riesgos asociados a actividades ilegales y debilidades en la respuesta estatal.
Informó que interpuso unademanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32419, queotorgaba amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Comités de Autodefensa, en defensa delderecho a la verdad, justicia y reparación.Además, intervino en el proceso judicial que dispuso la
suspensión del cobro de peajes por parte de Rutas de Lima.
Otro avance fue la conformación de laComisión de Evaluación de Casos de Reserva de Informacióndel Centro de Información para la Memoria Colectiva y Derechos Humanos, encargada de resolver solicitudes complejas de acceso a archivos de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Finalmente, desde elPrograma de Movilidad Humanase atendieron casos de peruanos en el extranjero, garantizando su identidad, repatriación y asistencia consular.Conapoyo de ACNUR, se fortaleció la presencia defensorial en
ocho regiones, logrando atender a 1540 personas.
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