Lima 3 Nov. (ANDINA) -
El diputado Ernesto Zunini, de la bancada de Juntos por el Perú, presentó una iniciativa legislativa que busca fortalecer la prevención de incendios forestales, agilizar la respuesta ante estas emergencias, proteger a las familias afectadas y mejorar la recuperación de los ecosistemas dañados.
La propuesta plantea una gestión coordinada entre los gobiernos nacional, regional y local. En ese sentido, el Proyecto de Ley 00729/2026-CR, busca modificar la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), a través de la incorporación de cinco artículos para establecer nuevas obligaciones en las etapas de prevención, atención y recuperación frente a incendios forestales.
Según la exposición de motivos, el problema principal es la desconexión entre la prevención programada, los recursos disponibles, la respuesta oportuna y el auxilio a las familias. Como sustento, en el texto se cita los 385 eventos de incendios forestales registrados entre enero y octubre de 2026, según reportes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.Artículos propuestos
El artículo 19-A plantea que las entidades públicas verifiquen las condiciones reales de sus territorios antes de los periodos de mayor riesgo. Esto comprende identificar poblaciones y cultivos expuestos, evaluar la disponibilidad de personal y equipos, y priorizar la asistencia técnica agrícola frente a las quemas de alto riesgo.
Asimismo, el artículo 19-B propone que las alertas sean comunicadas inmediatamente a los centros de operaciones de emergencia y brigadas de primera respuesta. También establece el registro de los tiempos de recepción, verificación y solicitudes de apoyo, a fin de identificar posibles demoras y determinar cuándo corresponde solicitar ayuda al siguiente nivel de gobierno.
Otro componente de la iniciativa, abordado por el artículo 19-C, está orientado a garantizar la atención de las familias expuestas a incendios forestales. Para ello, plantea incorporar criterios lingüísticos y culturales en las evaluaciones de daños, con prioridad para niños, gestantes, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a la recuperación ambiental, el artículo 19-D propone articular información de los gobiernos locales y las autoridades sectoriales para evaluar los daños en suelos, fuentes de agua y biodiversidad. La restauración deberá priorizar la regeneración natural y el uso de especies nativas, evitando la introducción de especies invasoras.
Finalmente, en el artículo 19-E se señala que la iniciativa también asigna a la Presidencia del Consejo de Ministros la consolidación del seguimiento de las intervenciones, sin crear nuevas instancias administrativas y publicar información sobre los tiempos de respuesta.
De esta manera, la propuesta legislativa deberá ser derivada a una comisión ordinaria de la Cámara de Diputados para su estudio y evaluación.