Lima 26 Feb. (ANDINA) -
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó la “Guía protocolar para la atención a misiones internacionales de observación electoral”, documento que será utilizado por primera vez en las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) y que servirá para los procesos posteriores.
Con ello, la institución reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia operativa y la cooperación interinstitucional en la supervisión del proceso electoral.
Laguía es de aplicación obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas del JNE. Cubre desde la recepción de las listas de observadores internacionales acreditados hasta la ejecución de la programación de actividades de las misiones.
La Secretaría General (SG) del organismo electoral acredita formalmente a los observadores internacionales, conforme al Reglamento de Observación Electoral y a la directiva vigente.Este procedimiento certifica que las misiones cumplan estándares internacionales, lo cual fortalece la fiabilidad del proceso electoral.
La Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales (OGCRI) del JNE elabora un cronograma de charlas informativas para las misiones acreditadas. Este incluye fechas, horarios, participantes y temáticas esenciales. Su objetivo es brindar información clara y completa. Asimismo, facilita una preparación adecuada para observar el proceso.
Además, comunica e invita a los órganos internos del JNE, así como a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y a expertos en temas electorales, para su participación en las actividades propuestas.
Toda acción relacionada con la atención de misiones internacionales deberá coordinarse con la OGCRI,en su calidad de órgano rector en materia de cooperación y relaciones internacionales. Además, asegura una relación ordenada con los organismos internacionales invitados.
Para las EG 2026 se prevé la participación de diversas misiones internacionales de observación. Su presencia contribuye a fortalecer la confianza ciudadana. También permite evaluar de manera independiente el desarrollo de las etapas electorales. Esto robustece la legitimidad democrática del proceso.
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