Lima 14 Abr. (ANDINA) -
El coordinador de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea Cabrera, indicó que desde el Ministerio Público se ha actuado de manera célere frente a las diversas situaciones en que se afectaron derechos electorales de los ciudadanos y que se determinarán las responsabilidades por estos casos.
Remarcó que a dicha institución le corresponde la defensa de estos derechos, al mencionar diversas situaciones que se presentaron durante la jornada electoral, como lademora -incluso de hasta seis o siete horas- en la instalación de mesas electoralesdebido al retraso en la entrega de material por parte de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Precisó que el segundo día de la elección, proceso llevado a cabo en 13 centros de votación en Lima Sur, también dejaron constancia de diferentes irregularidades, las cuales serán puestas conocimiento de laFiscalía Penalpara que determine si hay alguna responsabilidad y en qué funcionarios recaerían.
“Ha habido una notoria afectación al derecho ciudadano de poder hacer efectivo el acto de sufragio. Y tambiénal Ministerio Público nos corresponde la defensa de esos derechos”,indicó el fiscal superior, quien recordó que estos hechos incluso están siendo materia de denuncias penales.
Denuncia contra titular de ONPE
Al respecto, el fiscal coordinador no descartó que la actuación del Ministerio Público pueda alcanzar incluso a altos funcionarios de la ONPE, como el propio jefe de la entidad,Piero Corvetto, y mencionó la denuncia presentada en su contra por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cual comprende también a otros gerentes de la institución.“Tengo entendido que el señor Fiscal de la Nación ya derivó a la Fiscalía Suprema esta denuncia efectuada para que inicie los actos de investigación dirigidos a determinada responsabilidad, no solamente en el jefe de la ONPE, sino en cualquier otro gerente o funcionario o servidor de dicha institución que haya presuntamente cometido un acto delictivo”,señaló Barrenechea.
Recordó también que se llevaron a cabo, el mismo día del acto electoral, acciones contra laempresa Gálaga,encargada del traslado del material electoral que no llegó a tiempo, y que se esclarecerán también los actos de omisión o demora por parte del hoy exgerente de Gestión Electoral de ONPE, José Samamé Blas, actualmente detenido.
“Se van a analizar también, por parte de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, los contratos suscritos por parte de ONPE con esta empresa Gálaga y si en los mismos se evidenciaría o no la presunta comisión de delito de colusión, por ejemplo, y con la defraudación al Estado”, agregó.
En esa línea, destacó el compromiso delMinisterio Públicode actuar de forma firme y urgente, ante los diversos reclamos de los electores que se hicieron públicos en las redes sociales y los medios de comunicación.
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Penas por delitos
Barrenechea Cabrera precisó que las penas por estos presuntosdelitos en agravio de los electores y del Estadoacarrean penas severas, sobre todo si hay unasumatoriapor concurrir más de un ilícito.
"Por ejemplo, el delito de colisión es un delito grave que atenta contra la Administración Pública. El delito de omisión, demora o rechazamiento de actos funcionales también tiene una pena de hasta cuatro años de pena privativa de libertad. El destrozo de material electoral tiene una pena de hasta cuatro años, si es el caso, pues podría ser una pena muy grave, muy severa",mencionó el fiscal coordinador de las
Fiscalías de Prevención del delito.