Lima 23 Abr. (ANDINA) -
La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Sexto Despacho) logró que se condene a nueve años de prisión efectiva a Carlos Burgos, exalcalde del distrito de San Juan de Lurigancho (2007-2014), por el delito de colusión agravada.
Con él tambiénfueron condenados ocho exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, a la misma pena y por el mismo delito: César Muñoz, exsubgerente de Abastecimiento; Javier Pérez y Abdón Powosino, exsubgerentes de Seguridad Ciudadana; Gustavo Zevallos, exgerente de Administración y Finanzas; Eutemio Aucapoma, exgerente de Servicios a la Ciudad; el asesor externo Wilfredo Arenaza; y los regidores Romer Layme, José Zambrano y Teódulo García.
Asimismo, fue sentenciado Wladimir Abad, dueño de las empresas Heli Abad S. A. C., Abad Air Inc. y Heli X International Inc., en calidad de cómplice primario, a nueve años de prisión por el delito de colusión agravada y a siete años por el delito de falsificación de documentos.
Según la investigación, a cargo del fiscal provincial Keeller Cueva Ramos, en el año 2013 la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho contrató a la empresa Heli Abad S. A. C. por el monto de S/ 1 490 108.88
para que efectúe la compra de un helicóptero de apoyo a las operaciones de seguridad ciudadana en el distrito.
La empresa adquirió el helicóptero, pero obtuvo el certificado de aeronavegabilidad a su nombre, como único operador del helicóptero, cuando lo que correspondía era que obtenga la certificación a nombre de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, ya que el dinero para la compra provenía de las arcas municipales.
Regidores y funcionarios incluso viajaron a la planta de la empresa ubicada en Estados Unidos para la primera parte de la recepción del bien.
Sin embargo, la municipalidad contrató a un especialista vinculado a una de sus empresas del proveedor para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Las diligencias fiscales permitieron acreditar que los funcionarios municipales involucrados se coludieron con el contratista para adquirir un bien público cuyo dominio siempre estuvo a manos de un particular, por lo que era el único beneficiado.
Al no haberse podido operar, la aeronave tuvo que ser donada a la Aviación Policial, ya que no se acreditó su utilización para los fines para los que fue adquirida, pese a que tampoco se había suscrito convenio alguno con la Policía Nacional del Perú para la realización de operaciones de seguridad en el ámbito territorial del distrito.
Con este resultado, el Ministerio Público ratifica su firme compromiso con la persecución e investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos, en salvaguarda de los recursos públicos y con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
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