Publicado 04/07/2025 11:44

Fujimori alega motivaciones políticas en petición de 35 años de cárcel contra ella por lavado de dinero

Archivo - Fujimori dice que la petición de 35 años de cárcel contra ella por lavado de dinero tiene motivaciones políticas
Archivo - Fujimori dice que la petición de 35 años de cárcel contra ella por lavado de dinero tiene motivaciones políticas - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

PERÚ, 3 Jul (EUROPA PRESS)

La líder de Fuerza Popular y ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, enfrenta una solicitud de 35 años de prisión por parte de la Fiscalía, acusada por el delito de lavado de dinero. Fujimori, quien desestima las acusaciones, sostiene que detrás de la petición fiscal existen motivaciones políticas, especialmente al criticar la actuación del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato.

Giulliana Loza, abogada de Fujimori, en una entrevista para Canal N, lamentó haber sido notificada sobre la acusación por medios de prensa y no de manera oficial. "No tenemos conocimiento en sí de los argumentos que estarían fundamentando su decisión", expresó Loza, acusando a la Fiscalía de violar el procedimiento legal y los derechos de Fujimori. Además, Loza afirmó que el delito por el cual se acusa a Fujimori no estaba tipificado en la legislación en el momento de los hechos imputados.

Loza también cuestionó la objetividad del fiscal Pérez a un año de elecciones, sugiriendo una posible motivación política detrás de la acusación. La defensa de Fujimori llamó la atención sobre lo que consideran una injerencia del Ministerio Público en el contexto electoral, resaltando la "rapidez" con que actúa en algunos casos, contrastando con otros.

El origen de las acusaciones se remonta al caso 'Cócteles', asociado a la organización de eventos por parte de Fuerza Popular para financiar las campañas presidenciales de Fujimori en 2011 y 2016. Según la Fiscalía, estos eventos, que incluían cenas de alrededor de 500 euros por persona, servían para "blanquear" contribuciones irregulares a la campaña, incluido un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y un aporte del grupo financiero peruano Credicorp.

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