Lima 21 Mar. (ANDINA) -
Como parte del fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el país, el Gobierno puso en marcha una ofensiva nacional orientada a recuperar el control del territorio y restablecer el orden interno.
La estrategia fue definida en unareunión de alto nivel encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, quien lideró la articulación de medidas extraordinarias junto a los titulares de los sectores clave y los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
En la reunión participaron el ministro del Interior,José Mercedes Zapata; el ministro de Defensa,Carlos Alberto Díaz; el ministro de Economía y Finanzas,Rodolfo Acuña; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,César Augusto Briceño; el comandante general de la Policía Nacional del Perú,Óscar Arriola; así como representantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Secretaría de Defensa y Seguridad Nacional (Sedena).
El objetivo fuearticular una respuesta sostenida y coordinada frente al crimen organizado, el sicariato, las extorsiones y otras economías delictivasque afectan la estabilidad del país.
“El Gobierno ha tomado la decisión política de pasar del diagnóstico a la acción. Esta ofensiva no es declarativa: implica despliegue real, inteligencia operativa y presencia efectiva del Estado en las calles”, afirmó Luis Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros, al subrayar el carácter prioritario de la seguridad ciudadana dentro de la agenda gubernamental.
El jefe del Gabineteremarcó que la lucha contra la delincuenciano solo responde a una demanda social urgente, sino que
constituye un pilar para la gobernabilidad democrática.
“No habrá desarrollo sostenible ni convivencia pacífica sin control del orden interno. Estamos actuando con firmeza para proteger a la población y restablecer la autoridad del Estado”, sostuvo.
Durante la sesión,el ministro del Interior, José Mercedes Zapata, presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, que plantea una intervención escalonada en zonas críticas, el fortalecimiento de la prevención policial y comunitaria, así como el refuerzo del control en fronteras y espacios estratégicos.
El plan establece como metareducir la tasa de homicidios de 10,7 por cada 100 mil habitantes en 2025 a 8,5 en 2028, además de una disminución progresiva de los casos de extorsión y sicariato, según el Mininter. Para ello, se prevé optimizar las capacidades de inteligencia, investigación criminal y análisis criminal, junto con el fortalecimiento de la administración de justicia y el sistema penitenciario.
La estrategia se implementará mediante Fuerzas de Tarea Integradas del Estado, con un despliegue flexible y adaptado a la dinámica delictiva de cada territorio. Este enfoque busca responder con rapidez a los focos de violencia y desarticular las redes criminales que operan a nivel nacional.
Con esta ofensiva,el Ejecutivo apuesta por consolidar una política de seguridad sostenida en el tiempo, basada en evidencia, articulación interinstitucional y conducción política firme.