MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La decisión del Congreso de Perú de cesar a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, responsable de nombrar y sancionar a jueces y fiscales, representa para Human Rights Watch (HRW) un nuevo "avasallamiento" del Estado de derecho y un "grave" atentado contra la separación de poderes.
La directora para las Américas de la ONG, Juanita Goebertus, ha lamentado en un comunicado que, con las medidas adoptadas la semana pasada, "el Congreso ha debilitado gravemente a uno de los últimos organismos independientes en pie que podría servir de contrapeso frente a sus prácticas abusivas", aparentemente para "impedir" investigaciones sobre "prácticas irregulares" e influir en el nombramiento de jueces.
El Congreso lleva meses intentando por diversos medios apartar a miembros de la JNJ, cuyos mandatos finalizan en enero de 2025, pero se habrían acelerado después de que un equipo de fiscales anticorrupción denunciara en noviembre medidas adoptadas por la fiscal general.
"En lugar de servir a la ciudadanía, muchos congresistas en el Perú parecen decididos a abusar de sus cargos para perseguir sus intereses personales, así destruyan en el camino los derechos humanos y la rendición de cuentas propias de una democracia", ha criticado Goebertus.
La Constitución sólo permite apartar a los miembros de la JNJ por "causa grave", algo que HRW entiende que no se da en este caso. La organización ha instado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a convocar a su Consejo Permanente para abordar los "ataques a la independencia judicial", que se vendrían dando ya desde hace varios años con el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional o de un Defensor del Pueblo sin experiencia.
Además, en febrero de este año un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que, de salir adelante, declararía en "emergencia" al Ministerio Público. Permitiría apartar al fiscal general y a los otros cinco miembros de la Junta de Fiscales Supremos.