Lima 10 Feb. (ANDINA) -
Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer la seguridad y el control del sistema penitenciario, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un total de 759 requisas y operativos de seguridad en los 17 establecimientos penitenciarios (E.P.) de la región Lima, entre el 10 de octubre y el 5 de febrero del presente año.
Durante este periodo, se realizaron 63 requisas en el E.P. Callao, 59 en el E.P. Lurigancho, 53 en el E.P. Chorrillos, 52 en el E.P. Ancón II, 50 en el E.P. Miguel Castro Castro, 35 en el E.P. Chorrillos Anexo, 28 en el E.P. Ancón I, 21 en el E.P. Virgen de Fátima, 8 en el E.P. Virgen de la Merced y 4 en el E.P. Barbadillo.De igual manera, se llevaron a cabo 68 operativos en el E.P. Cañete,39 en el E.P. Chincha y 39 en el E.P. Ica. Asimismo, en las provincias del norte de la región Lima se efectuaron 110 operativos en el E.P. Huaraz, 49 en el E.P. Huacho, 49 en el E.P. Huaral y 32 en el E.P. Chimbote.En ese marco, y por disposición de la Presidencia del INPE, se estableció la ejecución de tres operativos semanales, entre revisiones ordinarias y extraordinarias, en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, como parte de una estrategia permanente de control y prevención.Como resultado de estas intervenciones, se logró incautar diversos artículos prohibidos, entre ellos 60 teléfonos celulares, 147 accesorios de equipos móviles, más de mil armas blancas, 49 antenas, además de otros objetos de uso ilegal.Estas acciones tienen como finalidad prevenir la comisión de actos ilícitos, reforzar el principio de autoridad y garantizar el orden interno en los establecimientos penitenciarios, mediante el registro y la revisión de ambientes comunes y celdas, siempre en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad penitenciaria y el respeto de los derechos fundamentales de la población penitenciaria.
Requisa en el E.P. Barbadillo
El INPE precisó que el Establecimiento Penitenciario Barbadillo corresponde a un penal de régimen cerrado ordinario, y que las acciones de control desarrolladas se realizaron en el marco de la normativa vigente, referida a los procedimientos de revisión y registro de internos, conforme al texto único ordenado del Código de Ejecución Penal y al Reglamento General de Seguridad Penitenciaria.Asimismo, la institución remarcó que, ante la información relacionada con el presunto hallazgo de artículos prohibidos en dicho establecimiento, se iniciarán las investigaciones correspondientes, a fin de identificar posibles faltas y determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.
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