Lima 8 Jun. (ANDINA) -
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado sobre el ingreso del congresista Roberto Sánchez al establecimiento penitenciario de Barbadillo. A continuación difundimos el mencionado documento.
-El INPE actuó conforme al marco legal vigente. El artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penalpermite el ingreso de congresistas de la República a establecimientos penitenciarios, previa identificación, en cualquier día y hora de la semana, en el ejercicio de sus funciones.
-El INPEno otorgó autorización especial, beneficio, privilegio ni tratamiento excepcional. Se aplicó el procedimiento regular previsto para el ingreso de un congresista, bajo las medidas de identificación, control y seguridad correspondientes. El congresista Roberto Sánchez ingresó solo al establecimiento penitenciario;
no se le permitió el ingreso acompañado de una comitiva.
-La neutralidad de la administración pública exige aplicar la ley de manera objetiva.Impedir el ingreso de un congresista sin un fundamento legal expreso podría configurar una actuación arbitrariageneradora de responsabilidad para los funcionarios que la adopten. El INPE no puede crear restricciones, condiciones o límites no previstos en la ley.
-El INPE no autorizó ni facilitó ningún acto proselitistadentro del establecimiento penitenciario. Su actuación se limitó a aplicar el régimen legal de ingreso correspondiente y a resguardar las reglas de seguridad penitenciaria.
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-El INPE no tiene competencia para calificar la oportunidad, finalidad o eventual uso indebido de la facultad de ingreso ejercida por un congresista.Si alguna autoridad considera que el congresista Roberto Sánchez habría actuado fuera de sus funciones, dicha evaluación corresponde al Congresode la República o a las autoridades legalmente competentes.
-Mientras la normativa vigente reconozca esta facultad, el INPE tiene el deber de aplicarla estrictamente. Cualquier revisión de sus alcances debe realizarse mediante la modificación normativa correspondiente. El INPE no puede restringir, por decisión propia, una atribución reconocida por una norma vigente a un miembro de otro poder del Estado, pues ello excedería sus competencias legales y afectaría el principio de separación de poderes.
El INPE reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad penitenciaria, la neutralidad institucional y el respeto a las competencias constitucionales de todos los poderes del Estado.
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