Lima 24 Ene. (ANDINA) -
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y cuatro titulares de poderes judiciales de Latinoamérica suscribieron la Declaración de Lima, en el marco del Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 Años de los Poderes Judiciales en América Latina.
Además de Tello Gilardi, el documento fue rubricado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia,Romer Saucedo Gómez; el titular de la Corte Suprema de Costa Rica,Orlando Aguirre Gómez; el presidente de la Suprema Corte de Uruguay,Jhon Pérez Brignani; así como por la titular de la Corte Suprema de Panamá,
María Chen Stanziola.
Así, a través de la proclama, leída en Palacio de Justicia ante los medios de prensa, los poderes judiciales de Latinoamérica se dirigieron a la comunidad internacional paraexpresar su firme compromiso colectivo con la defensa del Estado Constitucional de Derecho, el respeto irrestricto a la independencia judicial bicentenaria y la dignidad de la función jurisdiccional en América Latina.
Cabe señalar, que al certamen, inaugurado ayer jueves 22 de enero por Tello Gilardi,
asisten también delegaciones de las judicaturas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, como ponentes de España, Italia y Francia.
Justicia independiente
En la víspera,el presidente de la Corte Suprema de Costa Rica,Orlando Aguirre Gómez,sostuvo que independencia judicial es una condición sine qua non(condición sin la cual no) para la existencia de los derechos, pues, para afirmar que la ciudadanía los ejerce, debe existir un sistema de justicia independiente.
Aguirre Gómez, quien participa en el certamen realizado en Palacio de Justicia,
recalcó que la independencia judicial ha sido en Latinoamérica una idea fundacional asociada a la libertad.
“Desde luego, libertad sin justicia no puede existir y, si pensamos en la justicia, tampoco puede haber justicia sin independencia judicial”, sostuvo el magistrado durante el foro.
La máxima autoridad judicial costarricense señaló, también, quelos países de Latinoamérica han atravesado procesos complejos y no lineales en su lucha por la independencia, con avances y retrocesos, obstáculos y logros, lo cual debe mantenerse de forma permanente.
A su turno, la presidenta de la Corte Suprema de Panamá,María Chen Stanziola,sostuvo queresulta indispensable que las juezas y los jueces sean autónomos e independientes, pero también valientes para asumir las difíciles decisiones que les corresponden en los procesos a su cargo.
“Para ser juezas o jueces se requiere mucha valentía y la capacidad de asumir que pueden existir consecuencias por las decisiones que se toman, no desde el Poder Judicial, sino provenientes de distintos actores”, señaló.
La magistrada panameña sostuvo que el ejercicio de la judicatura implica compromiso, honestidad, responsabilidad y entrega al país frente a eventuales presiones de otros poderes del Estado, así como de la sociedad civil o de grupos con elevado poder económico.
Poder Judicial es freno
En tanto, el presidente de la Suprema Corte de Uruguay,Jhon Pérez Brignani, afirmó queel Poder Judicial constituye el freno y el garante de todos los derechos humanos, el último contrapeso dentro del Estado, “una función que resulta realmente incómoda” para otros poderes oficiales y de facto.
“Al sistema político le incomodan muchas cosas, y lo que más le incomoda es la independencia, porque les impide avanzar más allá de lo que pretenden”, señaló.
El juez uruguayo resaltó, además, la trascendencia de contar con un Poder Judicial independiente, base del sistema democrático y garantía para las y los justiciables.
Por ello,consideró que las juezas y los jueces deben otorgar legitimidad a sus resolucionesmediante explicaciones claras de su fundamentación, utilizando un lenguaje sencillo, pues ya dejaron de ser únicamente la “boca de la ley”.
“Si no llegamos a la sociedad, los jueces no pueden permanecer en sus despachos y limitarse a decir que hablan a través de sus fallos, pues la ciudadanía exige cada vez más; de lo contrario, avanzan corrientes negativas que buscan debilitar la independencia de los poderes judiciales”, indicó.