Lima 18 Abr. (ANDINA) -
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo que, en un contexto en que la criminalidad organizada ha alcanzado niveles de expansión y complejidad sin precedentes, juezas y jueces desempeñan un valioso servicio para administrar justicia y forjar la paz social.
“Frente a este escenario, el rol del Poder Judicial es decisivo, pues no solo estamos llamados a sancionar el delito, sino a hacerlo con rigor técnico”, expresó la jueza suprema.
Tello Gilardi inauguró la diplomatura “Criminalidad Organizada, Tráfico Ilícito de Drogas, Minería Ilegal y Cibercriminalidad”, desarrollada en coordinación con la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Embajada de los Estudios Unidos de América.
Este certamen académico está dirigido a las y los magistrados de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
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La jueza suprema señaló que, en el 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que el PIB mundial sería de 117 billones de dólares y la economía ilegal mundial podría representar entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial.
“Estas redes no solo se limitan al narcotráfico, sino que se han diversificado hacia actividades como la minería ilegal, el tráfico de recursos naturales, la trata de personas y la ciberdelincuencia, articulando verdaderas cadenas económicas transnacionales”,afirmó.
A ese respecto, miles de peruanos y peruanas son víctimas de la delincuencia en sus diversas manifestaciones: homicidios, trata de personas, violencia sexual, secuestros, entre otros delitos que generan una sensación permanente de zozobra en la población, refirió.
En ese sentido, la titular del Poder Judicial consideró que uno de los más grandes retos que enfrentan los jueces y las juezas es la creciente inseguridad ciudadana, por lo que ratificó una respuesta a este flagelo “decidida, firme y justa, evitando cualquier tipo de impunidad bajo responsabilidad”.
Además, resaltó la necesidad de capacitar a los jueces para enfrentar a las organizaciones criminales que no solo generan economías ilegales, sino que también afectan el ambiente, vulneran derechos fundamentales, debilitan el tejido social y también intentan capturar o influir en las instituciones públicas.
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