Publicado 03/06/2026 12:33

Jefe del Gabinete: modernización con estándares de OCDE generó ahorro por S/ 409 millones

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El proceso de adhesión del Perú a la OCDE asegura resultados directos a favor de la economía de los ciudadanos y las empresas, como los 409 millones de soles de ahorro generados entre el 2017 y el 2025 tras la adopción de las recomendaciones del organismo en materia de política regulatoria, indicó el jefe del Gabinete, Luis Arroyo.

Así lo dio a conocer en su tercera jornada de trabajo en París, durante la sesión“Mejora de los marcos regulatorios para la competencia y la competitividad”de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE. En este foro mundial, el titular de la PCM destacó el impacto positivo de estas medidas, las cuales se impulsan en el país desde 2016.

“Esto fue posible mediante la eliminación y simplificación de trámites y la prevención de cargas administrativas innecesarias, con impacto directo en la competitividad y productividad del país”, indicó.

En su exposición, recordó que la política regulatoria en el Perúconstituye una reforma construida a lo largo de una década por las recomendaciones de la OCDE. Producto de ello, el Estado también otorga mayor importancia a la consulta pública, mecanismo que facilitó la recepción de más de 9,000 comentarios de más 1,600 ciudadanos y actores interesados entre 2023 y 2025, con una aceptación del 37 % de los aportes en los proyectos normativos.

"A esto se suma la estandarización de trámites a nivel nacional, regional y local. Más del 71 % de municipalidades y el 85 % de gobiernos regionales adoptaron esta medida para brindar mayor predictibilidad a los ciudadanos”, remarcó.

Adicionalmente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que en 2025 se implementó el Observatorio Peruano de Mejora Regulatoria, herramienta que permite monitorear avances y fortalecer la transparencia en la producción normativa.

"Para el Perú, la mejora regulatoria tiene un valor estratégico: fortalece la competitividad, genera confianza institucional y mejora las condiciones para atraer inversiones. Una regulación de calidad protege la competencia, estimula la innovación y beneficia a los ciudadanos”, explicó.

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