MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ha declarado infundada una demanda de amparo presentada por el expresidente Martín Vizcarra con el objetivo de anular la orden de inhabilitación por cinco años en el desempeño de sus funciones públicas, emitida por el Congreso peruano en 2022.
La decisión, ha informado la agencia Andina, ha sido tomada por unanimidad, después de que Vizcarra interpusiera el recurso un año antes --a finales de noviembre de 2023-- al considerar que vulneraba su derecho al debido procedimiento y a la legítima defensa en el marco del proceso parlamentario que culminó con su sanción.
No obstante, el Constitucional peruano ha concluido que los derechos fundamentales del expresidente no se vieron afectados da manera alguna ya que todo el procedimiento se llevó a cabo cumpliendo con requisitos estipulados y desarrollados en el "marco legal correspondiente".
"No se advierte vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados, por lo que estas pretensiones también deben ser desestimadas. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar infundada la demanda de amparo", ha expresado el organismo en su resolución, recogida por el mismo medio.
La Justicia del país andino ha recalcado además que esta decisión sirve para ratificar la validez de los procesos llevados a cabo por el Parlamento, consolidando la imposibilidad de que el exvicepresidente retorne a su actividad pública en el corto plazo.
Previamente, la defensa de Vizcarra había impulsado ya otras acciones legales, entre ellas la presentada contra una segunda inhabilitación, de diez años, relacionada con el caso "Vacunagate", también declarada improcedente.
Este dictamen llega después de que el Congreso de Perú aprobase a mediados del mes de junio la inhabilitación por diez años de Martín Vizcarra (2018-2020) con motivo de la disolución del Parlamento que ordenó en el año 2019 ante la elección de nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional, por la que también convocó una cuestión de confianza que habría suspendido dichos nombramientos.