Lima 10 Oct. (ANDINA) -
En el Senado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, expuso cuatro propuestas, incluidas en el pedido de facultades enviado al Parlamento en agosto pasado, que fortalecerán la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. “Necesitamos adecuar el derecho a las circunstancias sociales”, subrayó.
Ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, el titular del sector Justicia y Derechos Humanos explicó que el proyecto de libertad vigilada postpenitenciaria está dirigido a egresados del sistema penitenciario tras cumplir penas por delitos graves, tales como sicariato y extorsión.
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Precisó especificó que la medida regirá por un plazo de cuatro años -ampliable a cuatro más- si se presume que la persona egresada del penal vuelve a incurrir en actividades ilícitas.
También el ministro Álvarez detalló la iniciativa para regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa y apoyo operativo al personal de establecimientos penitenciarios. Remarcó que con ella se fortalecerá el recientemente creado Comando Unificado que contará con un nivel de inteligencia imprescindible para la lucha contra la extorsión.
Asimismo, expuso sobre la propuesta de creación del delito de terrorismo con fines de lucro ilegítimo, así como la denominación de grupos hostiles a organizaciones como las FARC o el Comando Vermelho que operan en las zonas fronterizas.
El ministro Álvarez explicó el planteamiento para establecer el marco legal que permita ejercitar el derecho fundamental a la legítima defensa reconocido expresamente en la Constitución. “Lo que propicia la norma es que se deje de lado la proporcionalidad per se y que se implemente el principio de racionalidad”, puntualizó.
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