Lima 5 Sep. (ANDINA) -
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que, como parte de la declaratoria de emergencia en cinco establecimientos del país, se implementarán un conjunto de medidas orientadas o restablecer el orden al interior de estos penales que albergan reos de alta peligrosidad.
Manifestó que entre estas medidas se encuentran el despliegue de labores de inteligencia dentro de estas prisiones, la distribución correcta de los internos según los delitos que han cometido, así como el otorgamiento de beneficios diferenciados en función del comportamiento de los reos.
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"Lo fundamental no va a ser exclusivamente las intervenciones, como requisas, que tradicionalmente se han efectuado para dar imagen de eficiencia. Lo fundamental en este momento es la labor de inteligencia al interior de los penales. Si no sabemos lo que realmente está pasando, dilucidar quiénes son buenos funcionarios y quiénes malos, entonces no vamos a tener una labor efectiva", señaló en Tv Perú.
Explicó que con estas medidas se busca que estas cárceles dejen de ser "universidades del delito", razón por la cual la clave de la nueva política penitenciaria será trabajar con inteligencia, integrando la inteligencia del INPE con la inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Distribución correcta de reos
En otro momento, el titular de Justicia sostuvo que también se implementará una correcta distribución dentro de estos establecimientos penales declarados en emergencia.
"Vamos a tratar de establecer, primero, la distribución correcta de los internos. No es posible que dentro de un penal, por ejemplo como El Milagro (de Trujillo), convivan presos de alta peligrosidad, que han cometido delitos con ferocidad con una banda criminal, convivan con con personas que no han cometido hechos de sangre", afirmó.
Asimismo, señaló que otra medida será el otorgamiento de beneficios penitenciarios en función a los delitos cometidos, así como al comportamiento de los internos y, si es parte de una organización criminal, a las acciones que puedan seguir cometiendo otros integrantes de estas bandas.
"En realidad todos conviven al interior de un penal. Eso tenemos que ir rompiendo y trasladando internos de peligrosidad real a aquellos penales que sí tienen las condiciones adecuadas, los funcionarios con vocación y Fuerzas Armadas para que realmente podamos asegurar orden, (porque) sin orden no hay rehabilitación posible", expresó.
Precisó que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los beneficios penitenciarios son beneficios y no derechos de los internos, por lo que el otorgamiento de estos pueden ser diferenciados.
"Tanto los penales y los propios internos van a tener regímenes diferenciados, no solamente de acuerdo al delito o a la peligrosidad que puedan tener, sino también a la conducta interna y al sometimiento al orden de los funcionarios que puedan demostrar. Si alguien es miembro de una banda criminal y esa banda comete delitos, los internos que pertenecen a esa banda perderán los beneficios hasta nuevo aviso, si es necesario dos, tres meses", indicó.
"En ese sentido vamos a establecer disciplina, porque como le digo sin orden, sin que el Estado pueda implantar su poder coercitivo al interior de los centros penales, no podemos esperar seguridad ciudadana ni una lucha efectiva contra el crimen", anotó.
"Por tanto, lo esencial es saber de que este gobierno tiene la convicción real y que de convertir a los penales en verdaderos centros de rehabilitación en beneficio no solamente de la sociedad, sino de los propios internos", dijo.
Estas declaraciones fueron brindados a propósito de lo dispuesto por el El Ejecutivo que declaró el estado de emergencia en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad). En estos recintos, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Esta medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, tiene una vigencia de 60 días calendario y comprende el perímetro exterior de los penales, hasta un radio de doscientos metros. En esta zona se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
(FIN) HTC