Andina/Oficina Nacional De Procesos Electorales
Lima 26 May. (ANDINA) -
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que solicitará un deslinde de responsabilidades a diez funcionarios y servidores públicos que fueron señalados por la Contraloría General de la República de cometer presuntas irregularidades durante las Elecciones Generales 2026 que afectaron el derecho a sufragio de más de 55 mil electores.
“La Gerencia General de la ONPE ha encargado a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que, de acuerdo a sus competencias y a las normas que regulan la materia, solicite a los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el informe de control el deslinde de sus presuntas responsabilidades”, precisó ONPE en un comunicado.
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ElInforme de Control Específico n.°85362026-CG/JUSPE-SCEde la Contraloría se refiere a los problemas presentados durante los comicios del 12 de abril en Lima, cuando diversos locales recibieron el material electoral varias horas después de la hora prevista para la apertura de las mesas de votación, y en tres locales las elecciones se postergaron para el día siguiente.
Las presuntas irregulariddes
De acuerdo con Contraloría, dichas irregularidades afectaron el derecho a sufragio de 55.261 electores debido a una serie de situaciones atribuidas a diez funcionarios de la ONPE.
Por ejemplo, se señala que, al requerir la contratación del transporte de material electoral no se precisó el número de vehículos requeridos para dicho servicio y que los evaluadores de las empresas interesadas le asignaron un puntaje menor a uno de los postores, ya que aplicaron un criterio no establecido en los términos de referencia. “Ello permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a una oferta económica que fue superior en S/ 168 148.19”, dijo Contraloría.
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Además de recomendar al titular de la ONPE el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos irregulares, Contraloría también recomendó a la Procuraduría iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados para determinar sus responsabilidades.
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