Lima 30 Ene. (ANDINA) -
El Poder Ejecutivo oficializó una norma legal que modifica la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento con el fin de mejorar el uso de los recursos destinados a proteger las fuentes de agua, como ríos y cuencas, y contribuir así al acceso universal al servicio de agua potable.
¿Qué cambia la norma?
El Decreto Legislativo N° 1706 modifica el artículo 27 del DL N° 1280, que regula los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, aportes económicos destinados a la conservación de las fuentes naturales de agua.
Con esta modificación, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento quedan habilitadas para transferir total o parcialmente estos recursos a fondos nacionales, programas o entidades públicas, especializadas en conservación ambiental, con la finalidad de que ejecuten estos proyectos.
¿Para qué se usarán los recursos?
Los fondos deberán destinarse únicamente a acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de agua, como la protección de cuencas y ecosistemas hídricos.
Dichas acciones deberán estar incluidas en el programa de inversiones aprobado por la Sunass, entidad que regula y supervisa los servicios de saneamiento en el país.
Supervisión
La Sunass supervisará el uso de estos recursos. Si una empresa no ejecuta al menos el 25% del dinero programado y acumula más de 1 millón de soles sin utilizar, deberá transferir ese monto en un plazo máximo de 90 días a las entidades encargadas de ejecutar los proyectos.
Con ello, se busca evitar que los recursos se queden inmovilizados y asegurar que sean utilizados para proteger las fuentes de agua.
Transferencias
Las transferencias se realizarán mediante convenios formales y los recursos solo podrán utilizarse para los proyectos de conservación previstos, así como para cubrir los costos de administración correspondientes.
Finalmente, el Ejecutivo adecuará la normativa vigente en un plazo de 60 días calendario. En ese mismo periodo, la Sunass actualizará sus reglas. Además, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda y la Sunass brindarán asistencia técnica a las empresas prestadoras para aplicar correctamente la norma.
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