Publicado 23/06/2026 11:14

PCM: Ejecutivo brinda asistencia técnica en prevención de la corrupción

Andina

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Integridad Pública, brindó asistencia técnica en materia de prevención de la corrupción a más de 450 entidades públicas a nivel nacional en lo que va del 2026, lo que representa un avance del 69 % respecto de la meta anual de 650 instituciones capacitadas.

Esta

intervención descentralizada forma parte de la estrategia de acompañamiento que impulsa la secretaría para promover una gestión pública más transparente, eficiente y orientada a la ciudadanía.

Para ello, se priorizan aquellos territorios que presentan mayores desafíos en la adopción de mecanismos de integridad, de acuerdo con los resultados del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP) 2025.
Del 15 al 19 de junio, la Secretaría de Integridad Pública llevó a cabo jornadas presenciales en las sedes centrales y las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales de Cajamarca, Pasco y Puno, en las que se orientó a los funcionarios en la implementación del Modelo de Integridad.

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Se debe recordar que esta herramienta estratégica permite a las entidades subnacionales mitigar riesgos, afianzar el correcto uso de los recursos y restablecer la confianza ciudadana.

Durante las sesiones se contó con la participación de las autoridades comprometidas con la transparencia estatal, entre ellas el gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara; la vicegobernadora regional de Pasco, Doris Guillermo; y el gerente general regional de Puno, Juan Macedo.

Al cierre de las mesas de trabajo, las autoridades remarcaron la firme decisión de aplicar directivas orientadas a suprimir las irregularidades y contribuir a una prestación de servicios más justa en el territorio.

Esta labor que despliega la PCM continuará próximamente en las regiones de Huancavelica, Junín, Moquegua, Ayacucho, Tumbes y Loreto. De esta forma, el Ejecutivo fortalece la capacidad de respuesta de la administración pública contra la corrupción, y protege el derecho de los peruanos a recibir servicios eficientes.

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