PERÚ, 12 Jun (EUROPA PRESS)
El Parlamento de Perú aprobó recientemente, con una significativa mayoría de votos de los partidos de derecha, una polémica ley de amnistía dirigida a policías, militares y miembros de grupos de autodefensa implicados en violaciones de Derechos Humanos durante las dos décadas de conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La propuesta, liderada por el fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, consiguió 61 votos a favor, frente a 44 en contra y tres abstenciones. La ley excluye específicamente a aquellos acusados de terrorismo o corrupción, enfocándose en casos abiertos por crímenes como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
Una enmienda posterior incorporó una amnistía "de carácter humanitario" para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o grupos de autodefensa que, siendo mayores de 70 años, ya cuenten con una condemna en firme por crímenes contra los Derechos Humanos. Fernando Rospigliosi argumenta que la medida es "justa y necesaria". Sin embargo, la oposición la considera un "dictamen nefasto", en palabras de la congresista Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular de tendencia socialdemócrata.
"Las leyes de amnistía por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles", afirmó la fiscal general, Delia Espinoza, argumentando que la aprobación de esta ley implicará que Perú no cumpla con sus obligaciones internacionales. En el debate político y social se subraya el temor a que esto represente un paso hacia la impunidad y la injusticia, especialmente por las voces que recuerdan a las víctimas del conflicto, como Alex Flores, de la Bancada Socialista, quien subrayó que "no podemos pasar por alto la muerte de campesinos".
La aprobación de esta ley se sitúa en un contexto de profunda división ideológica y política en Perú, donde el recuerdo del conflicto armado y sus víctimas sigue siendo un tema muy sensible e impactante para la sociedad.