Lima 2 Ene. (ANDINA) -
El Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva (CNJEFD), aprobó la propuesta de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, de implementar el año 2026 otras nueve unidades de flagrancia para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad.
Estos nuevos complejos estarán ubicados en los distritos judiciales de
Lima Centro, Lima Sur, Callao, Puente Piedra-Ventanilla, San Martín, Puno, Amazonas, Madre de Dios y Loreto.
Fue durante la cuarta sesión del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, que preside Tello Gilardi, realizada en el Salón de Juramentos de Palacio de Justicia.
Para ello, los representantes de las diversas entidades que conforman el Consejo acordaron exigir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el presupuesto respectivo para su implementación y fortalecimiento.
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Además, en la sesión se propuso continuar con la implementación de unidades piloto como mecanismo de prueba y viabilidad previa a su habilitación como unidades modelo.
Hasta la fecha han sido implementadas 38 unidades de flagrancia en todo el país, compromiso cumplido por parte de la gestión de Tello Gilardi (15 modelo y 23 piloto).
En las unidades modelo las juezas y jueces laboran a dedicación exclusiva para juzgar y sancionar los delitos flagrantes, mientras que en una piloto lo hacen en adición a sus funciones, es decir, a la vez, atienden otro tipo de casos.
Tello Gilardi, asimismo, planteó la creación del Complejo Judicial Especializado de Respuesta Inmediata en Criminalidad con competencia nacional para extorsión y el sicariato.
“Esto en atención a la conformación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES) que ha sido creado mediante la Ley n.° 32490”,explicó la autoridad judicial.
Cabe indicar, que esta infraestructura inmobiliaria estará ubicada dentro de un área de 3000 m2 del inmueble donde antes funcionó el penal San Jorge, en el centro de Lima.
A la fecha, estos complejos judiciales recibieron 32 mil 280 denuncias y se resolvieron 29 mil 876, lo cual representa el 92.55 % de capacidad de respuesta de este modelo de justicia rápida.
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