Lima 28 Abr. (ANDINA) -
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la creación del Servicio de Consulta Nacional de Antecedentes Penales (SCNAP), con el objetivo de que juezas y jueces penales accedan a información procesal oportuna, confiable y consolidada registrada en el Sistema Judicial Integrado (SIJ).
La propuesta fue formulada por el órgano de gestión del Poder Judicial, presidido por la jueza suprema Janet Tello Gilardi, en el marco de la Resolución Administrativa N° 000112-2026-CE-PJ.
El servicio apunta a fortalecer el acceso a datos institucionales sobre personas investigadas, procesadas o imputadas en distintos distritos judiciales del país.
Asimismo, se precisa que la información que se proporcione mediante el SCNAP tendría carácter estrictamente administrativo e institucional, por lo que no podría ser utilizada para fines de control judicial ni para la dirección del proceso en el modelo procesal penal acusatorio.
La iniciativa surge ante los requerimientos de los órganos jurisdiccionales penales de contar con información sobre la existencia de otros procesos vinculados a una misma persona. Estos datos son relevantes en actuaciones como la evaluación de la prisión preventiva, la adopción o variación de medidas de coerción personal, así como en la acumulación de procesos y la determinación de medidas de protección.
“La propuesta de creación del SCNAP tiene por finalidad optimizar el uso de la información institucional existente, brindar soporte informativo confiable a los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, fortalecer el control judicial y la coherencia del sistema de justicia”, señala uno de los considerandos de la norma.
Implementación
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contempla que, de aprobarse, el servicio se implemente en una primera etapa con alcance nacional para los órganos jurisdiccionales penales, con posibilidad de ampliarse progresivamente a otras especialidades, según criterios de necesidad, demanda e impacto institucional.
De igual modo, la iniciativa se enmarca en los principios del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión del Estado, orientados a mejorar la calidad del servicio público, simplificar procedimientos y optimizar el uso de recursos tecnológicos.
Según lo previsto, el servicio sería administrado por la Subgerencia de Servicios Judiciales y Atención al Usuario de la Gerencia General del Poder Judicial.
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