Lima 14 Oct. (ANDINA) -
El integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), Carlos Zavaleta Grández, sostuvo que se requiere asignar el presupuesto necesario a fin de consolidar las unidades de flagrancia y combatir con inmediatez flagelos criminales como la extorsión y el sicariato.
El también representante alterno del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, señaló que existe la propuesta de que nueve unidades piloto (que funcionan con recursos del Poder Judicial) pasen a ser unidades modelo (con presupuesto propio).
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Indicó que, en la actualidad, el Consejo de Flagrancia cuenta con 40 unidades, de las cuales 25 son piloto y 15 modelo, y que la diferencia entre ambas radica en que las primeras no cuentan con presupuesto adicional ni recursos humanos necesarios, por lo que el personal asignado realiza su labor en adición a sus funciones.
Refirió que esto sucede en la Corte de Lima Centro que, por su complejidad, registra una elevada cantidad de delitos, ante lo cual advirtió que la mayor limitación para la expansión y plena operatividad de estos centros especializados radica en la falta de recursos específicos.
También explicó que el Poder Judicial está a la espera de lo solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fin de que se asigne un presupuesto adicional para la conversión de las nueve unidades piloto, entre las que figura la de Lima Centro.
“Desde la entrada en vigor de la norma, hemos solicitado que Lima Centro cuente, por lo menos, con una unidad modelo de tipo 1, es decir, que tenga todo el presupuesto, la logística y los recursos humanos necesarios, lo que permitiría una mayor efectividad a diferencia de las sedes piloto", manifestó.Respuesta inmediata
Frente a las exigencias ciudadanas de sentencias firmes contra el crimen organizado, el representante del sistema judicial enfatizó la efectividad operativa del modelo que este año ya registra 24 mil 875 ingresos, de los cuales 23 mil 171 casos han sido resueltos, lo que representa una eficacia del 93 %.
Asimismo, subrayó que los procesos en las unidades de flagrancia concluyen en pocos días o semanas -frente a los más de mil días del sistema tradicional- e imponen condenas severas de hasta 35 años de prisión y cadena perpetua.
En relación con los delitos de alta severidad que azotan al país, Zavaleta Grández aclaró que las unidades están plenamente preparadas para juzgar la extorsión y el sicariato cuando concurran en situaciones de flagrancia.
“En 2025 resolvimos 78 casos de sicariato y extorsión, cifra que este año ascendió a 129, con sentencias que van desde la cadena perpetua y de 35 años de prisión, que fueron atendidos en su mayoría por unidades modelo del país”, señaló.
Cadena completaEl magistrado remarcó que el esfuerzo del Estado no debe quedar solo en capturas policiales ni en exhortaciones, sino en garantizar la cadena completa de procesamiento mediante el fortalecimiento financiero del Sistema Nacional de Flagrancia.
Advirtió que si bien los delitos de extorsión y sicariato no se encuentran en el primer lugar de los delitos resueltos por las unidades de flagrancia aclaró que este tema no es responsabilidad del Poder Judicial.
“Quien presenta el requerimiento es el Ministerio Público y si los fiscales acudieran con mayor frecuencia a las unidades de flagrancia, estos delitos podrían ser atendidos”, expresó.
Por otro lado, dijo que existe un marco normativo que crea el subsistema de extorsión para aquellos casos que requieren mayor complejidad y más tiempo de investigación, así como para los que no hay una detención en flagrancia.
(FIN) NDP/HTC/JCR