PERÚ, 13 Aug (EUROPA PRESS)
El país andino se encuentra en el centro de la polémica tras la reciente promulgación de una ley de amnistía por parte de la presidenta Dina Boluarte, que exonera de responsabilidad a policías, militares y grupos de autodefensa involucrados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La decisión ha generado una ola de críticas internacionales y ha sido señalada como un acto de desobediencia frente a la Corte Internacional de Derechos Humanos.
"¡Con esta amnistía histórica Perú honra a sus defensores y rechaza con firmeza cualquier intromisión externa!", se anunció en un comunicado desde la Presidencia, donde Boluarte defendió la medida, asegurando que el país "no abandona a sus defensores y que jamás permitirá el sacrificio de quienes se enfrentaron a la violencia sea olvidado o castigado".
Sin embargo, la ley ha sido duramente criticada por organismos internacionales y defensores de los derechos humanos. Human Rights Watch describió la medida como "una traición a las víctimas" y argumenta su inmediata derogación, indicando que la misma otorga impunidad a los responsables de graves delitos y debilita el Estado de derecho en Perú. "La ley socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas", expresó Juanita Goebertus, directora para la División de las Américas de la ONG.
Este polémico escenario posiciona a Perú al lado de países como Nicaragua y Venezuela, criticados por su desprecio hacia el sistema interamericano de Derechos Humanos y el menosprecio hacia los derechos de las víctimas. La aprobación de esta ley por el Congreso y su posterior promulgación desobedecen una orden de la Corte IDH que solicitó su evaluación para determinar su compatibilidad con compromisos internacionales previos de Perú.
La Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación estima que el conflicto armado en Perú dejó un saldo de cerca de 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos. Pese a las sentencias definitivas emitidas en aproximadamente 150 casos, todavía hay más de 600 pendientes, marcando un período de intensa violencia y turbulencia política en la historia del país.