Lima 13 Dic. (ANDINA) -
El presidente de la república, José Jerí, lideró esta noche un despliegue nacional de fiscalización migratoria, en el marco de la estrategia del Gobierno para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
A pocos minutos de arribar a Lima, tras participar en elEncuentro Presidencial y la XVI Reunión del Gabinete Binacional Perú–Ecuador, el jefe de Estado se trasladó al Complejo Policial Comandante Juan E. Benites Luna, ubicado en el distrito del Rímac, donde supervisó las acciones de control ejecutadas en distintos puntos del país.
En dicha sede policial, el mandatario verificó la intervención de más de 1 500 ciudadanos extranjeros. De ese total, alrededor de 700 personas pasaron por la supervisión de Migraciones, y se les practicó controles biométricos, incluido el registro de huellas digitales, con el objetivo de verificar su situación legal y determinar la existencia de requisitorias vigentes.
De las personas evaluadas, 99 registraron requisitorias, motivo por el cual se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes, incluida la expulsión del territorio nacional, conforme a ley.
En la intervención acompañaron al presidente el jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; y de la Producción, César Quispe.
Dichas autoridades precisaron que el estado de emergencia vigente constituye el marco legal que permite exigir la identificación de ciudadanos extranjeros e intervenir ante la ausencia de documentación válida, facultad que no resulta aplicable en condiciones ordinarias.
Asimismo, se advirtió que muchos de los intervenidos no cuentan con actividad laboral conocida, situación que no solo resulta jurídicamente irregular, sino que genera serias alertas sobre su permanencia y medios de subsistencia en un contexto en el que el país enfrenta una grave ola de criminalidad que el Estado tiene la obligación de enfrentar.
Este despliegue se desarrolló en Lima, Arequipa y Trujillo y constituye una intervención de carácter inédito por su magnitud, sin precedentes en el país en materia de fiscalización migratoria coordinada.