Lima 12 Feb. (ANDINA) -
El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.
Poder Ejecutivo
Sanción a Conductas anticompetitivas.Decreto Legislativo Nº 1728
El Poder Ejecutivo promulgó el decreto legislativo que modifica el artículo 24 y el numeral 28.4 del artículo 28 del Decreto Legislativo N°1034 que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
El presente decreto legislativo tiene por finalidad eliminar la imposición del pago de tasas para la interposición de medidas cautelares; así como, suprimir los costos de los medios probatorios que sean ordenados por la autoridad en los procedimientos administrativos sancionadores de conductas anticompetitivas.
Comercio electrónico. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2486266-3" target="_blank">Decreto Legislativo Nº 1729
El Ejecutivo aprobó el decreto legislativo que modifica la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para incorporar los numerales 24.4 y 24.5 del artículo 24 y el literal h) en el numeral 56.1 del artículo 56, con la finalidad de fortalecer la atención de reclamos, así como prevenir y sancionar la comisión de prácticas comerciales coercitivas en el ámbito del comercio electrónico, en armonía con las recomendaciones y estándares internacionales en materia de protección al consumidor y comercio electrónico.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi velará por el cumplimiento de dichas disposiciones.
Se incorpora el delito de exigencia o requerimiento extorsivo.Decreto Legislativo Nº 1731
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto modificar el Código Penal, promulgado mediante Decreto Legislativo Nº 635, incorporando el artículo 200-A que tipifica el delito de exigencia o requerimiento extorsivo como conducta previa autónoma dentro del proceso extorsivo.
La finalidad del presente Decreto Legislativo es prevenir, combatir y sancionar eficazmente la exigencia o requerimiento extorsivo, como conducta previa autónoma dentro del proceso extorsivo, permitiendo la intervención penal temprana y efectiva, y garantizando la protección de las personas, familias, empresas, funcionarios y servidores públicos frente a la violencia o amenaza explícita o implícita.
Regulan sanciones a operadoras por comunicación en cárceles.Decreto Legislativo Nº 1733
El presente decreto legislativo tiene por objeto incorporar el artículo 280-A al Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo Nº 635, así como incorporar la Cuarta Disposición Complementaria Final al Decreto Legislativo Nº 1688, Decreto Legislativo que regula obligaciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en relación con las comunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
El presente decreto legislativo tiene como finalidad fortalecer la seguridad pública y penitenciaria mediante la tipificación del delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, así como optimizar los mecanismos de supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre las antenas ilegales instaladas en el ámbito geográfico de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
Se crea Subsistema Especializado contra la extorsión.Decreto Legislativo Nº 1735
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto crear e implementar el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos, así como dotar de operatividad la medida extraordinaria establecida en el literal c) del párrafo 4.3 del artículo 4 de la Ley 32490, Ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías.
La presente norma tiene por finalidad optimizar la investigación, el procesamiento y las sanciones penales contra la extorsión y sus delitos conexos, promoviendo la celeridad y la efectividad de las actuaciones de los operadores de justicia, el fortalecimiento de sus capacidades, el respeto irrestricto de los derechos y garantías de las partes procesales, así como la protección de la víctima.
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